Ciudad de México, Lunes 05 de febrero, 2024
Entrega 051/24
Hoy que se cumplen 107 años de la promulgación de nuestra Constitución de 1917 debemos siempre recordar que nuestras constituciones han ido precedidas por luchas revolucionarias del pueblo, no han resultado solamente de debates legislativos, sino de históricas luchas del pueblo, principalmente de los trabajadores del campo y las ciudades. Nuestra Nación siempre se ha sublevado en contra de los dictadores, déspotas, conservadores y hoy en contra de los neoliberales.
La constitución de 1824 fue resultado de la revolución de independencia iniciada por Hidalgo en 1810, y fue precedida por la Constitución de Apatzingán promovido por Morelos.
La constitución de 1857 fue resultado del triunfo de los liberales por la guerra de tres años, en la cual triunfaron los liberales encabezados por Benito Juárez, sobre los conservadores de Santa Ana, Miramón y Mejía, logrando separar al Estado de la iglesia a la cual se confiscaron sus bienes para la defensa de México ante la invasión Francesa.
Y qué decir de la Constitución de 1917, que se originó en la derrota de la dictadura de Porfirio Díaz, con su camarilla de los “científicos”, y a su columna vertebral, el poderoso ejército de la dictadura. Debemos considerar que el Cardenismo es la segunda etapa de esa lucha de clases en México porque es cuando se cumplen las demandas del pueblo plasmadas en los artículos de carácter social de la Constitución: el 3°, 27 y el 123; con la educación laica científica y popular; la soberanía Nacional y el reparto agrario y los derechos de los trabajadores y a la salud pública.
La Constitución que hoy conmemoramos tiene como principal influencia el pensamiento revolucionario de los hermanos Flores Magón, basta con leer el Programa del Partido Liberal Mexicano del 1906 para advertir que en ese texto se encuentra la esencia de los artículo 3, 27 y 123 y saber que las huelgas de Cananea, Rio Blanco, de los Ferroviarios, los levantamientos armado de 1909, la publicación de Regeneración, los clubes liberales y el Partido Liberal Mexicano, fueron los detonantes de la Revolución iniciada en 1910 y de la Constitución de 1917.
Nuestra Constitución además de ser la Ley Suprema del País es un proyecto político del futuro, No solamente es una síntesis de nuestra historia sino que guía los principios y las metas Nacionales de la soberanía nacional y popular; de la democracia, de la justicia de la distribución equitativa de la riqueza, del ejercicio y protección de las libertades. Por lo tanto el gobierno y todas la instituciones deben actuar invariablemente en respeto a nuestra Constitución y no deben distorsionarla y pretender sujetarla a sus preferencias ideológicas.
Cuando se actúa contra la Ley Suprema, no solo se cometen violaciones y actos inconstitucionales e ilegales sino que además, se desvía y desvirtúa el proyecto nacional; se pisotea la soberanía popular, la democracia y el respeto que le deben guardar los tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales deben apegarse a la carta magna y no ésta a ellos como ha sucedido con las privatizaciones de las empresas estatales básicas, de los puertos, bancos, fronteras, territorios, carreteras, educación, derechos colectivos, laborales, agrarios, sociales, etc. Los cuales no solamente son actos inconstitucionales e ilegales, sino que además desvirtúan y desvían el proyecto de desarrollo nacional soberano, para entregarlo a intereses oligárquicos nacionales y extranjeros en contra de los intereses del pueblo y los trabajadores del Campo y la Ciudad.A
Los seis gobiernos Neoliberales que padecimos del 1982 a 2018 han sido lo más opuesto a nuestra constitución social. La coincidencia en el pensamiento reaccionario y favorable al capital nacional e internacional llevo finalmente al PRI y al PAN a unificarse y permitir que durante el sexenio de De la Madrid se privatizaran el 50% de las empresas paraestatales, violando flagrantemente los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales.
Esa política de violaciones a la constitución se profundizo durante el gobierno espurio de Salinas de Gortari, quien remato Telmex, la minería, metalurgia y siderurgia a los oligarcas Larrea, Slim, Bailleres, Ancira; Salinas Pliego. Ya con Zedillo se dio el despojo llamado FOBAPROA que aún seguimos pagando, La destrucción y privatización de los ferrocarriles, las contrarreformas al IMSS y al ISSSTE.
Las más profundas reformas inconstitucionales fueron las de Peña Nieto, con el apoyo incondicional del PAN , PRI y PRD, comenzando con la criminal reforma laboral de Noviembre de 2012, y mediante el mal llamado Pacto por México, por el cual se reformaron artículos fundamentales de nuestra constitución para permitir la participación de la iniciativa privada en las industrias petrolera y eléctrica.
En esos 36 años: se debilitaron como nunca la salud de los trabajadores y el pueblo, la vivienda, la educación; para favorecer la iniciativa privada. El presupuesto nacional se polarizó para favorecer a la oligarquía nacional y extranjera y se reduce el presupuesto social y popular.
Bajó como nunca el salario y se perdió la estabilidad en el empleo o la planta y crece el empleo eventual y el desempleo, se venden los contratos colectivos de trabajo y surgen los de protección patronal, etc.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aumentaron como nunca sus prestaciones, salarios y privilegios, por lo que se hacen cómplices sin protestar por tantas violaciones a la Constitución y a las leyes. Al contrario, se apoyan todas esas medidas. la banca casi entera se entrega al capital extranjero, con todo y los ahorros de las pensiones de los trabajadores y el Estado. Se privatizan puertos, playas, fronteras, territorios con las minas, etc.
Y la Suprema Corte rechaza amparos de trabajadores, obreros y empleados contra la parcial privatización del ISSSTE e IMSS, contra las UMAS, contra la desaparición de Luz y Fuerza, la reforma educativa punitiva que apoya la SCJN, etc.
Las jurisprudencias se ajustan a la política neoliberal y no a la Constitución. Como aquella famosa tesis de la SCJN defendida por Medina Mora, Franco González y Pérez Dayán a favor de la reforma laboral del PAN del 30 de noviembre de 2012, sobre el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, para reducir los salarios caídos en caso de un despido injustificado, arbitrio, lo cual representa un premio al patrón que despidiera a trabajadores. Antes se pagaba el 100% de los salarios caídos, pero la reforma redujo la cantidad del pago y permitió alargar el tiempo del juicio y del pago. Diciendo los ministros que la resolución de ellos no era violatoria del principio de progresividad –que no era regresiva la tesis- ni contraria a los derechos humanos del trabajador, porque impedía “la eventual quiebra de las fuentes de trabajo”, al pagar completos los salarios caídos.
Todos los desastres causados por los tres poderes de esos 6 gobiernos se deben avaluar y reponer los derechos constitucionales y legales afectados o retirados, como el ejemplo anterior, así como obligar a que el poder judicial se ajuste a la Constitución, y no que ella, la Constitución se ajuste a los criterios arbitrarios e inconstitucionales de los ministros neoliberales.
Como es la elección pública y mayoritaria ciudadana de los integrantes del poder judicial: ministros, magistrados y jueces por voto secreto, directo y personal.
A la vez, que debemos incluir reformas progresivas que favorezcan a la mayoría de los y las ciudadanas, como es incluir “el cuarto poder”, el poder ciudadano a que participe en las tomas de decisiones que sean fundamentales para la nación, como son los referéndums, plebiscitos, consultas públicas, revocación de mandato, etc.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos refrenda su compromiso para exigir el pleno respeto de la letra y espíritu de nuestra Constitución Federal de 1917, a la cual comprendemos como el fruto directo de la lucha revolucionaria de 1910 y como el proyecto que nuestro pueblo se dio para el futuro de nuestro país.
Exigimos por lo tanto que los tres Poderes de la Unión, principalmente el Poder Judicial se ciña estrictamente a lo establecido en nuestra Carta Magna y no pretenda actuar en contra o por encima de sus mandatos.
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